
“Especialistas en asesoramiento jurídico integral para operaciones complejas, protegiendo los intereses de inversores y asegurando el cumplimiento normativo en cada fase de la transacción”.
Nuestro servicio de asesoría jurídica inmobiliaria cubre desde la estructuración legal de vehículos de inversión hasta la resolución de contingencias contractuales y urbanísticas. Acompañamos a inversores institucionales y privados en due diligence, negociación de contratos y cierre de operaciones, minimizando riesgos legales y fiscales.
01
Auditoría exhaustiva de cargas, gravámenes, licencias urbanísticas y situación registral para identificar riesgos y contingencias antes de la inversión.
02
Diseño de sociedades y estructuras legales (SOCIMI, fondos, SL patrimoniales) que optimizan fiscalidad y protegen el patrimonio del inversor.
03
Redacción y revisión de contratos de compraventa, arrendamiento, joint venture y promesas, protegiendo los intereses del inversor en cada cláusula.
04
Gestión de ocupaciones ilegales, vicios ocultos, problemas urbanísticos y disputas contractuales que puedan bloquear o devaluar la operación.
Protección legal integral en todas las fases de la inversión inmobiliaria
Verificación completa del cumplimiento de normativa urbanística, situación de licencias de obra y actividad, y viabilidad legal de proyectos de desarrollo o cambio de uso.
Representación en procedimientos judiciales relacionados con operaciones inmobiliarias, desde reclamaciones de vicios ocultos hasta ejecuciones hipotecarias y conflictos de arrendamiento.
Coordinamos todos los aspectos legales de la operación, desde la revisión registral inicial hasta el cierre notarial, incluyendo gestión de escrituras, inscripciones y subrogaciones, garantizando seguridad jurídica total.
Verificación del cumplimiento de normativa sectorial (blanqueo de capitales, protección de datos, transparencia inmobiliaria) y adaptación de estructuras societarias a la legislación vigente para evitar sanciones y contingencias futuras.
Diseño de estrategias legales para blindar el patrimonio inmobiliario del inversor frente a reclamaciones, garantizando separación patrimonial mediante vehículos especializados y cláusulas de protección contractual.
Acompañamiento en el cierre notarial, revisión de escrituras públicas, gestión de pagos fraccionados, retenciones fiscales y representación ante notarías y registros para asegurar la correcta transmisión del activo.